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Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

Asesoría Jurídica del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como fines ser una institución sin ánimo de lucro, no gubernamental, laica, plural, diversa, no-violenta, no sexista, independiente de credos, partidos y empresas, dedicada a la difusión de las ideas, los principios, los valores, así como la observancia de su cumplimiento, de los contenidos en la letra y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y textos concordantes.

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Informe 
sobre la Resolución de la ONU acerca del conflicto palestino israelí

Asesoría Jurídica del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como fines ser una institución sin ánimo de lucro, no gubernamental, laica, plural, diversa, no-violenta, no sexista, independiente de credos, partidos y empresas, dedicada a la difusión de las ideas, los principios, los valores, así como la observancia de su cumplimiento, de los contenidos en la letra y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y textos concordantes.

Informe 
sobre la Resolución de la ONU con referencia al conflicto palestino israelí

Asesoría Jurídica 
Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

Nº Referencia: IN10/2024

Después de que los letrados de la Cámara Alta dictaminaran que el proyecto de Ley de amnistía es inconstitucional, el Senado abre la puerta a plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.


La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 59) distingue, en dos clases, los conflictos competenciales. Los más que habituales, los conflictos de competencias, propiamente dichos, ocurren entre las distintas Administraciones, estatal, autonómica o municipal. Despachamos unas dos docenas al año. Cada vez que una Administración considera que otra invade las prerrogativas que la Constitución le otorga, la demanda ante el Alto Tribunal, que ejerce de árbitro en el conflicto. Mucho más infrecuentes son los llamados conflictos de atribuciones, o conflictos competenciales entre altas instituciones del Estado: Gobierno, Consejo General del Poder Judicial y las cámaras de las Cortes. De hecho, si el Senado acaba planteando el conflicto de atribuciones contra el Congreso, viviremos un escenario inédito en la democracia de 1978. Como sabemos, el Senado en España goza de un poder entre escuálido e inexistente, en la tramitación de leyes. Es verdad que disfruta de algunas competencias propias:
   • Nombra a cuatro magistrados del Constitucional.
   • Nombra 6 vocales del Consejo General del Poder Judicial.
   • Debe fijar el techo de gasto, junto al Congreso.
   •  Se requiere su voto favorable para reformar la constitución
   • Y disfruta de competencia exclusiva en la aplicación del art. 155 de la constitución, si es preciso suspender total o parcialmente una autonomía.


Ahora bien, en lo que a las leyes se refiere, pinta poco. El Congreso aprueba un proyecto de ley y este va al Senado, que puede hacer tres cosas:
   • Aprobarlo
   • Modificarlo
   • Vetarlo por mayoría absoluta


En el primer caso, la ley se llevará a Zarzuela para que el Rey la sancione y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.). En los otros dos supuestos, la norma vuelve al Congreso quien puede:
   • Confirmar o anular las modificaciones del Senado por mayoría simple.
   • Levantar el veto del Senado por mayoría absoluta o, esperar dos meses desde que se produjo el veto, en cuyo caso le bastará la mayoría simple para levantarlo.


En definitiva, si la mayoría del Congreso disiente de la Cámara Alta, impone su parecer. Por ese motivo, la circunstancia de que haya mayorías diferentes en cada asamblea parlamentaria, como ahora que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, nunca ha supuesto un grave problema para el gobierno. Mientras mantenga su mayoría en el Congreso, a lo sumo, los senadores pueden ralentizar su programa de gobierno, pero no bloquearlo. Cada cámara dispone de varios equipos de funcionarios a su cargo. Entre ellos destacan los Letrados, o sea, juristas que entre otras cuestiones emiten informes sobre la legalidad del trámite parlamentario y sobre la constitucionalidad de las leyes. Que los Letrados afirmen que una proposición de ley parece inconstitucional no tumbaría sin más el trámite parlamentario. Después de todo, compete al Tribunal Constitucional dilucidar esa cuestión.


Por otro lado, el jefe de los Letrados, o Letrado Mayor de cada cámara es elegido entre el Cuerpo de Letrados por la Mesa de la cámara, a propuesta del Presidente. Tampoco es que los cuerpos de letrados de Congreso y Senado sean infinitos, o sea, que no hay mucho donde elegir, pero asegura, sino una relación de adhesión entre políticos y técnicos, al menos una aminoración de las tensiones. En todo caso, el Letrado Mayor del Senado entiende que, además de una norma inconstitucional, la amnistía, de facto, implica una reforma encubierta de la constitución que no permitiría esta figura. Al aprobarla como una ley, en lugar de como una reforma constitucional, el Congreso le estaría usurpando al Senado sus poderes para modificar la Carta Magna.


Más allá de que nos guste o no la amnistía, los argumentos del Letrado Mayor de la Cámara Alta resultan un tanto peregrinos. Dudo mucho que prosperen. Su estrategia se resume en dos pasos:
   1. Pedir al Congreso que retire la Proposición de Ley de Amnistía y, si cumplido el mes, no lo hace,
   2. Acudir al Tribunal Constitucional, vía conflicto de atribuciones, apelando a la tesis de la reforma constitucional de tapadillo. 


Debo reconocer que me ha sorprendido la primera fase del planteamiento del Letrado Mayor del Senado. El reglamento del Congreso no permite la retirada de una proposición de ley a estas alturas. El Reglamento del Congreso (arts. 128 y 129) fijan los términos para retirar una propuesta de ley. Cuando esta proviene del gobierno, entonces hablamos de proyecto de ley, el Consejo de Ministros puede retirarlo en cualquier momento antes de su aprobación final. Ahora bien, en este caso, la amnistía fue propuesta como proposición de ley, por el grupo parlamentario socialista. 


Cuando un grupo parlamentario hace una propuesta legislativa, su texto debe sortear primero una votación, llamada toma en consideración. En pocas palabras, el Pleno de diputados vota si empieza el debate o, directamente, rechaza discutir a fondo la propuesta. Hasta que se supera la toma en consideración, el grupo parlamentario es libre de retirar su proyecto cuando quiera. Pero una vez se pasa este trámite, ya únicamente el Pleno, por mayoría puede decidir que no sigue adelante con el debate. 


La pregunta entonces es obvia: ¿puede el Congreso retirar una proposición de ley una vez la envía al Senado? Ni su reglamento ni el de la Cámara Alta contemplan esta posibilidad. En mi opinión, esto sí supondría una invasión de competencias del Senado. Por reducido que sea su poder, una vez el Congreso envía una ley a la plaza de la Marina, queda obligado a escuchar lo que el Senado tenga que decir. Es más, queda atado por su propia decisión. Imaginemos que, por la razón que sea, la mayoría de diputados que aprobó la proposición de ley en el Congreso cambia de idea. Bueno, pues podrá presentar una nueva ley para corregir la primera. Pero si el Senado no quiere vetar ni modificar la ley y se limita a aprobar el texto que envió la Cámara Baja, el Congreso no debería poder bloquear el trámite legislativo. Previsiblemente, pues, el Congreso se negará a retirar la Ley de amnistía, alegando que no puede, o, sencillamente, se limitará a guardar silencio ante la petición del Senado. Esto nos obliga a plantearnos qué dirá el Tribunal Constitucional.


En mi opinión, el argumento de que se trata de una reforma constitucional encubierta es muy débil. Bajo esa premisa, cualquier ley inconstitucional lo sería y justificaría que Tribunal Constitucional paralizara su tramitación parlamentaria. Vaya, supondría recuperar el viejo recurso control previo de constitucionalidad que se eliminó para las leyes en 1985. Más allá del rifirrafe político, el problema de fondo aquí es cómo bloquear las consecuencias de la amnistía. Me explico, de aprobarse, la ley de amnistía podría generar efectos irreversibles. El texto de la norma prevé que entre en vigor nada más publicarse en el BOE, con lo cual, aunque se presentara un recurso y, posteriormente, se la declarara inconstitucional, eso afectaría a futuras amnistías, pero, no a los derechos adquiridos, por quienes se hubiesen beneficiado de esta amnistía. En otras palabras, los amnistiados ya no podrían ser juzgados. Así ocurrió con la llamada “Amnistía fiscal”. Por supuesto, en la medida que exploramos un terreno desconocido, hay opiniones controvertidas. Algunos juristas creen que de la misma forma que un indulto es revocable, también podría serlo la amnistía hasta que un tribunal no reconozca sus efectos a un individuo. Añaden que la amnistía fiscal no perdonaba delitos. No obstante, dado que, a diferencia de un indulto, la amnistía es una medida general y aprobada por el parlamento, de ahí que la opinión dominante es que sus efectos resultan incontenibles una vez entra en vigor. Como reflexión de cierre, tal vez, deberíamos aceptar que no toda decisión política puede corregirse en los tribunales. Al menos, no totalmente. Si acaso, habrá que valorarla en las urnas.


Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Informe 
sobre la Crisis de competencias entre el Senado y el Congreso en España

Asesoría Jurídica del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

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Informe 
sobre la Crisis de competencias entre el Senado y el Congreso en España

Asesoría Jurídica 
Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

Nº Referencia: IN10/2024

Después de que los letrados de la Cámara Alta dictaminaran que el proyecto de Ley de amnistía es inconstitucional, el Senado abre la puerta a plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.


La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 59) distingue, en dos clases, los conflictos competenciales. Los más que habituales, los conflictos de competencias, propiamente dichos, ocurren entre las distintas Administraciones, estatal, autonómica o municipal. Despachamos unas dos docenas al año. Cada vez que una Administración considera que otra invade las prerrogativas que la Constitución le otorga, la demanda ante el Alto Tribunal, que ejerce de árbitro en el conflicto. Mucho más infrecuentes son los llamados conflictos de atribuciones, o conflictos competenciales entre altas instituciones del Estado: Gobierno, Consejo General del Poder Judicial y las cámaras de las Cortes. De hecho, si el Senado acaba planteando el conflicto de atribuciones contra el Congreso, viviremos un escenario inédito en la democracia de 1978. Como sabemos, el Senado en España goza de un poder entre escuálido e inexistente, en la tramitación de leyes. Es verdad que disfruta de algunas competencias propias:
   • Nombra a cuatro magistrados del Constitucional.
   • Nombra 6 vocales del Consejo General del Poder Judicial.
   • Debe fijar el techo de gasto, junto al Congreso.
   •  Se requiere su voto favorable para reformar la constitución
   • Y disfruta de competencia exclusiva en la aplicación del art. 155 de la constitución, si es preciso suspender total o parcialmente una autonomía.


Ahora bien, en lo que a las leyes se refiere, pinta poco. El Congreso aprueba un proyecto de ley y este va al Senado, que puede hacer tres cosas:
   • Aprobarlo
   • Modificarlo
   • Vetarlo por mayoría absoluta


En el primer caso, la ley se llevará a Zarzuela para que el Rey la sancione y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.). En los otros dos supuestos, la norma vuelve al Congreso quien puede:
   • Confirmar o anular las modificaciones del Senado por mayoría simple.
   • Levantar el veto del Senado por mayoría absoluta o, esperar dos meses desde que se produjo el veto, en cuyo caso le bastará la mayoría simple para levantarlo.


En definitiva, si la mayoría del Congreso disiente de la Cámara Alta, impone su parecer. Por ese motivo, la circunstancia de que haya mayorías diferentes en cada asamblea parlamentaria, como ahora que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, nunca ha supuesto un grave problema para el gobierno. Mientras mantenga su mayoría en el Congreso, a lo sumo, los senadores pueden ralentizar su programa de gobierno, pero no bloquearlo. Cada cámara dispone de varios equipos de funcionarios a su cargo. Entre ellos destacan los Letrados, o sea, juristas que entre otras cuestiones emiten informes sobre la legalidad del trámite parlamentario y sobre la constitucionalidad de las leyes. Que los Letrados afirmen que una proposición de ley parece inconstitucional no tumbaría sin más el trámite parlamentario. Después de todo, compete al Tribunal Constitucional dilucidar esa cuestión.


Por otro lado, el jefe de los Letrados, o Letrado Mayor de cada cámara es elegido entre el Cuerpo de Letrados por la Mesa de la cámara, a propuesta del Presidente. Tampoco es que los cuerpos de letrados de Congreso y Senado sean infinitos, o sea, que no hay mucho donde elegir, pero asegura, sino una relación de adhesión entre políticos y técnicos, al menos una aminoración de las tensiones. En todo caso, el Letrado Mayor del Senado entiende que, además de una norma inconstitucional, la amnistía, de facto, implica una reforma encubierta de la constitución que no permitiría esta figura. Al aprobarla como una ley, en lugar de como una reforma constitucional, el Congreso le estaría usurpando al Senado sus poderes para modificar la Carta Magna.


Más allá de que nos guste o no la amnistía, los argumentos del Letrado Mayor de la Cámara Alta resultan un tanto peregrinos. Dudo mucho que prosperen. Su estrategia se resume en dos pasos:
   1. Pedir al Congreso que retire la Proposición de Ley de Amnistía y, si cumplido el mes, no lo hace,
   2. Acudir al Tribunal Constitucional, vía conflicto de atribuciones, apelando a la tesis de la reforma constitucional de tapadillo. 


Debo reconocer que me ha sorprendido la primera fase del planteamiento del Letrado Mayor del Senado. El reglamento del Congreso no permite la retirada de una proposición de ley a estas alturas. El Reglamento del Congreso (arts. 128 y 129) fijan los términos para retirar una propuesta de ley. Cuando esta proviene del gobierno, entonces hablamos de proyecto de ley, el Consejo de Ministros puede retirarlo en cualquier momento antes de su aprobación final. Ahora bien, en este caso, la amnistía fue propuesta como proposición de ley, por el grupo parlamentario socialista. 


Cuando un grupo parlamentario hace una propuesta legislativa, su texto debe sortear primero una votación, llamada toma en consideración. En pocas palabras, el Pleno de diputados vota si empieza el debate o, directamente, rechaza discutir a fondo la propuesta. Hasta que se supera la toma en consideración, el grupo parlamentario es libre de retirar su proyecto cuando quiera. Pero una vez se pasa este trámite, ya únicamente el Pleno, por mayoría puede decidir que no sigue adelante con el debate. 


La pregunta entonces es obvia: ¿puede el Congreso retirar una proposición de ley una vez la envía al Senado? Ni su reglamento ni el de la Cámara Alta contemplan esta posibilidad. En mi opinión, esto sí supondría una invasión de competencias del Senado. Por reducido que sea su poder, una vez el Congreso envía una ley a la plaza de la Marina, queda obligado a escuchar lo que el Senado tenga que decir. Es más, queda atado por su propia decisión. Imaginemos que, por la razón que sea, la mayoría de diputados que aprobó la proposición de ley en el Congreso cambia de idea. Bueno, pues podrá presentar una nueva ley para corregir la primera. Pero si el Senado no quiere vetar ni modificar la ley y se limita a aprobar el texto que envió la Cámara Baja, el Congreso no debería poder bloquear el trámite legislativo. Previsiblemente, pues, el Congreso se negará a retirar la Ley de amnistía, alegando que no puede, o, sencillamente, se limitará a guardar silencio ante la petición del Senado. Esto nos obliga a plantearnos qué dirá el Tribunal Constitucional.


En mi opinión, el argumento de que se trata de una reforma constitucional encubierta es muy débil. Bajo esa premisa, cualquier ley inconstitucional lo sería y justificaría que Tribunal Constitucional paralizara su tramitación parlamentaria. Vaya, supondría recuperar el viejo recurso control previo de constitucionalidad que se eliminó para las leyes en 1985. Más allá del rifirrafe político, el problema de fondo aquí es cómo bloquear las consecuencias de la amnistía. Me explico, de aprobarse, la ley de amnistía podría generar efectos irreversibles. El texto de la norma prevé que entre en vigor nada más publicarse en el BOE, con lo cual, aunque se presentara un recurso y, posteriormente, se la declarara inconstitucional, eso afectaría a futuras amnistías, pero, no a los derechos adquiridos, por quienes se hubiesen beneficiado de esta amnistía. En otras palabras, los amnistiados ya no podrían ser juzgados. Así ocurrió con la llamada “Amnistía fiscal”. Por supuesto, en la medida que exploramos un terreno desconocido, hay opiniones controvertidas. Algunos juristas creen que de la misma forma que un indulto es revocable, también podría serlo la amnistía hasta que un tribunal no reconozca sus efectos a un individuo. Añaden que la amnistía fiscal no perdonaba delitos. No obstante, dado que, a diferencia de un indulto, la amnistía es una medida general y aprobada por el parlamento, de ahí que la opinión dominante es que sus efectos resultan incontenibles una vez entra en vigor. Como reflexión de cierre, tal vez, deberíamos aceptar que no toda decisión política puede corregirse en los tribunales. Al menos, no totalmente. Si acaso, habrá que valorarla en las urnas.


Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Informe 
sobre la Crisis de la República de Haití

Asesoría Jurídica del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como fines ser una institución sin ánimo de lucro, no gubernamental, laica, plural, diversa, no-violenta, no sexista, independiente de credos, partidos y empresas, dedicada a la difusión de las ideas, los principios, los valores, así como la observancia de su cumplimiento, de los contenidos en la letra y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y textos concordantes.

Informe 
sobre la Crisis de la República de Haití

Asesoría Jurídica 
Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

Nº Referencia: IN09/2024

La llegada a la presidencia de un músico outsider, Michel Martelly, en 2011, trajo esperanzas de que el aire fresco entrara en la corrupta clase política del país. Para desesperación de los haitianos, su mandato empezó con una costosísima toma de posesión. Con la devastación sísmica a cuestas, gastó casi dos millones en juramentar como Jefe de Estado.

Una semana antes de que expirará su mandato, Martelly dimitió acosado por los escándalos de corrupción. Había aceptado sobornos de empresas, evadido parte de su fortuna a paraísos fiscales y a la vecina República Dominicana. La cosa llegaba tan lejos que Canadá y la Unión Africana adoptaron sanciones personales en su contra.

En noviembre 2016, ganó las elecciones Jovenel Moïse. Su difícil presidencia terminó bruscamente con su asesinato el 7 de julio de 2021. La autoría intelectual de los hechos sigue envuelta en el misterio y la incertidumbre.

Por si un magnicidio del Jefe del Estado no fuera bastante, la constitución haitiana dicta que ante la dimisión, muerte o incapacidad del Presidente, asume su rol, como interino el Primer Ministro. ¿Y dónde está el problema? Pues en que Moïse estaba en proceso de remodelar su gobierno. Ya había elegido a un nuevo Primer Ministro, Ariel Henry, pero aún no lo había nombrado.

El todavía Primer Ministro, Claude Joseph, trató de paralizar el nombramiento de Henry argumentado que se había convertido en Presidente. Varios líos judiciales, un intento del parlamento de nombrar a un Presidente Provisional y amagos de un golpe militar, después, el 20 de julio Ariel Henry juramentó como Primer Ministro de Haití, a la par que Presidente interino.

La primera prioridad de Henry, prácticamente la única, pasa por reconstruir en Haití algo parecido a una autoridad estatal. Haber emprendido una gira internacional para recabar esa ayuda no ha contribuido sino a empoderar más si cabe a los grupos violentos y paramilitares que asolan Haití. La imagen es que el Presidente abandonaba el país porque ni su propia seguridad estaba garantizada.

La verdad, no me atrevería a descartar que, en parte, la gira internacional haya buscado poner a salvo al hombre que debe dar continuidad al gobierno de Haití. Sin embargo, tampoco es que en Haití no queden diputados y ministros. Además, la gira de Henry ha terminado con un éxito notable: Kenia se ha comprometido a enviar policías al país caribeño para ayudar a desarticular a los grupos armados.

La historia de Haití se compone sobre tragedias. La antigua colonia francesa logró su independencia en una revuelta de sus muchos esclavos negros que arrancó en 1791, aunque no sería hasta 1804 que Francia reconocería la independencia. Por cierto, la pérdida de esta colonia fue una de las principales razones, sino la capital, para que Napoleón legalizara de nuevo la esclavitud, abolida en los primeros años de la Revolución de 1789.

Haití se convirtió en el primer país independiente la Centroamérica contemporánea y el primer Estado moderno regido por negros. Algo que le llevó a sufrir el bloqueo comercial y diplomático de los imperios europeos y de Estados Unidos, donde la esclavitud aún era una práctica arraigada. Sus desafíos iniciales fueron las elevadas tasas de analfabetismo y, en general, escasa formación de gran parte de su población. A esto se le unen las rencillas y caudillismos de los libertadores.

En 1804, el Gobernador General, Jean-Jacques Dessalines, antiguo esclavo de las plantaciones de caña de azúcar, ni corto ni perezoso, se proclama emperador. ¿Ridículo? Pues a este lado del Atlántico Napoleón había hecho lo mismo.

El reinado de Jacques I fue breve y estuvo marcado por la inestabilidad. Con su magnicidio en 1806, se disolvió el Primer Imperio Haitiano. Entre 1806 y 1820, Haití se dividió en dos: en el sur se estableció la República de Haití. En el norte se creó el Estado de Haití, con Henri Christophe, ex cocinero según se dice, como dictador. En 1811, quizás aún bajo la influencia de Dessalines, Christophe se coronó Rey de Haití.

Las extravagancias y el despilfarro de Henry I de Haití han quedado inmortalizadas en la magistral novela breve del escritor cubano, Alejo Carpentier, El Reino de este mundo. Histriónico hasta el final, puso fin a su vida suicidándose con una bala de oro en el palacete donde toscamente trató de imitar a Versalles, antes de caer bajo la furia de los revolucionarios.

En 1820 no sólo se reunifican los dos Haitíes, sino que la República de Haití, por única vez en su historia extiende su dominio sobre toda la isla de La Española. Sin embargo, la unión con la futura República Dominicana no durará.

En 1849 el país se divide. El presidente y dictador que pilotó la disolución, Faustin Soulouque decidió darle una nueva oportunidad a la monarquía y tuvo la gentiliza de ofrecerse candidato. Nacía así otra extravagante dictadura personal, el Segundo Imperio de Haití. Este duraría una década, pero Faustino I acabaría siendo derrocado.

A partir de entonces, Haití quedó a merced de diversos gobiernos más o menos estables, más o menos corruptos. Desde la presidencia de Theodore Roosevelt (1901-1908), inauguró una política de fuerte intervencionismo en Latinoamérica, conocida como Big Stick o Gran Garrote.

Durante la Guerra Fría Haití quedó preso de la larga dictadura de los Duvalier. Proclamado Presidente vitalicio, François Duvalier llegó al poder en 1957 y lo retuvo hasta su muerte en 1971, cuando le tomó el relevo su hijo Jean Claude, también como Presidente vitalicio, hasta su deposición en 1986. No es fácil ubicar ideológicamente a los Duvalier. En un primer momento, mantuvieron una fuerte oposición a los Estados Unidos, por su apoyo a Trujillo, dictador de la vecina República Dominicana.

Así se acercaron relativamente al bloque soviético, pero sobre todo al grupo de los países llamados no alineados. Con el tiempo rehicieron puentes con Washington. Después de todo, cuando tu principal objetivo es el enriquecimiento personal, pocos ascos se hacen a cambiar de alianzas. Tras su caída, la inestabilidad política y las crisis financieras han azotado hasta la fecha un país sin que se vislumbre un final.


Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Informe 
sobre la Crisis Constitucional en Tonga

Asesoría Jurídica del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como fines ser una institución sin ánimo de lucro, no gubernamental, laica, plural, diversa, no-violenta, no sexista, independiente de credos, partidos y empresas, dedicada a la difusión de las ideas, los principios, los valores, así como la observancia de su cumplimiento, de los contenidos en la letra y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y textos concordantes.

Informe 
sobre la Crisis Constitucional en Tonga

Asesoría Jurídica 
Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

Nº Referencia: IN08/2024

El Reino de Tonga lleva sumido en una crisis constitucional sin que se vislumbre un desenlace claro. El monarca de este archipiélago pacífico, Tupou VI, se negó a nombrar a Ministro de Exteriores a su Primer Ministro, Siaosi Sovaleni, que pretendía simultanear ambas carteras. En el mismo comunicado, la Casa Real anunció que el rey retiraba su confianza al Ministro de Defensa, lo que en la práctica implicaba su destitución.

La fiscal general del país, Linda Folaumoetu’i comunicó al Gobierno y a sus conciudadanos que el monarca había obrado inconstitucionalmente. Por tanto, su retirada de confianza había de considerarse nula. Sin embargo, la cosa no está tan clara. 

Para rematar, todo este periplo ha ocurrido mientras Sovaleni se encuentra fuera del país, en Nueva Zelanda. El líder del gobierno tongano recibe allí tratamiento médico.

Dentro de nuestro imaginario colectivo, existen dos clases de monarquías: la absoluta y la parlamentaria. Con cierta inexactitud, a esta última solemos llamarla monarquía constitucional.

En la monarquía absoluta el monarca es una suerte de dictador coronado que disfruta de poderes omnímodos, caso de Arabia Saudita. El parlamentarismo regio se asienta sobre el principio de que el rey reina, pero no gobierna. Ergo, las decisiones políticas del Estado se confían a instituciones con legitimidad democrática.

Como ocurre en Jordania, Marruecos o Liechtenstein, el rey tongano dispone de amplios poderes gubernamentales, pero con límites constitucionales. Tal es la herencia política inglesa, en este archipiélago. 

Nos remontamos a 1773, cuando el explorar James Cook avistó los archipiélagos de Tongatapu y Ha’apai, que bautizó como Islas de los Amigos, dada la cálida acogida que les dispensaron los nativos. En 1822, los misioneros ingleses establecieron una presencia británica permanente en la zona y apenas dos décadas más tarde apoyaron al joven guerrero, George Tupou I, en la unificación del país como Reino de Tonga.

La influencia de los misioneros, en especial de su líder, el pastor metodista, Waldemar Baker, resultó bastante positiva. El nuevo rey decidió abolir el sistema de siervos, las torturas, aprobó la libertad de prensa y en 1875 sancionó una constitución inspirada en el parlamentarismo inglés. Más aún, Tupou I nombró a Baker, su Primer Ministro. 

A partir de un tratado relativamente amigable, Tonga se convirtió en un protectorado británico en 1900. Desde entonces, Londres se ocuparía de su política exterior, defensa y grandes líneas comerciales, pero las instituciones tonganas, incluida su monarquía, mantuvieron la gobernanza doméstica de esta nación insular.

En términos igualmente amistosos, recuperó Tonga su plena independencia 70 años después. Su constitución decimonónica se mantiene en vigor. Lo que significa que, sobre el papel, el monarca conserva amplios poderes de gobierno. 

No obstante, como ocurrió, por ejemplo, en Bélgica o en el propio Reino Unido, la Corona dejó de ejercer tales poderes, hasta hace dos semanas. Algunos juristas dirían que, tras tan largo tiempo, la Corona tongana había renunciado tácitamente a esas facultades. Y quizás, no tan tácitamente. Después de todo, en 2006, Tupou V, hermano del actual monarca, anunció en su coronación que sólo ejercería sus poderes regios si el consejo de ministros y el parlamento estaban de acuerdo.

No se quedó ahí, sino que instó a la Familia Real a alejarse de la política activa. Hasta el ascenso de Tupou V, resultaba muy común que los miembros de la realeza ocuparan cargos políticos. De hecho, tanto su padre, así como su hermano y futuro sucesor, el actual rey, ejercieron que nada menos que de Primer Ministro, durante sus años como príncipes.

Ahora bien, la cesión de los poderes de Tupou V se hizo mediante una declaración. No se enmendó la constitución escrita. Aquí es donde se abre un interesante debate jurídico acerca del peso de las costumbres y convenciones constitucionales.

En los países de tradición anglosajona, gran parte de la arquitectura institucional del Estado descansa en tradiciones y costumbres, no recogidas por escrito. A menudo, se dice que algunos de estos países tienen una constitución oral. En realidad, sería más exacto hablar de que su régimen constitucional se compone de unos textos antiguos, como la Carta Magna inglesa de 1215, la Declaración de Derechos de 1689 o los primeros Estatutos legales de colonias, que se han visto modificados de facto por costumbres, prácticas convencionales reiteradas en el tiempo; algunas declaraciones solemnes, como la Declaración Balfour (1926), que, en la práctica, otorgó a Canadá, Australia y otros dominios británicos su independencia política; así como, ocasionalmente, leyes escritas más modernas.

La fiscal general Linda Folaumoetu’i apoya sus argumentos en que Tonga pertenece a esta tradición constitucional. En otras palabras, defiende que la constitución escrita de 1875 convive con una constitución oral basada en convenciones y costumbres que devienen irrevocables, una vez se consolidan. 

Según esta tesis, Tupou VI se halla vinculado por la decisión de su hermano. La renuncia de Tupou V iría más allá de un compromiso personal, sino que habría modificado para siempre el rol político de la corona.

Legalmente, sin embargo, tan contundente afirmación resulta, como mínimo, dudosa. En los países de constitución oral, como Reino Unido, Canadá o Nueva Zelanda, las normas basadas en prácticas mantenidas en el tiempo afectan a las instituciones en su conjunto, no únicamente a una y para una cuestión concreta. Por no mencionar que, incluso en estos países, la oralidad no está exenta de riesgos. Hasta que sus tribunales o una ley escrita no la clarifican, existe el riesgo de confrontar interpretaciones acerca de qué costumbre existe y a qué ámbitos afecta.

Pongamos un par de ejemplos, el rey de Inglaterra disfruta de un derecho de veto sobre una ley que hubiesen aprobado la Cámara de los Comunes y de los Lores. En Estados Unidos, el Presidente es escogido de manera indirecta, a través de un Colegio Electoral constituido por delegados de cada uno de los Estados.

Desde la reina Ana ningún monarca británico ha ejercido este derecho de veto. Y la última representante de la dinastía Estuardo dejó este mundo en 1714. En Estados Unidos, hace mucho más de un siglo y medio que el Colegio Electoral desempeña una labor puramente ceremonial. Respecto a las primeras décadas de la democracia americana, cuando los delegados electos sí votaban libremente a un Presidente, ahora se limitan a confirmar al candidato que más votos obtuvo en su Estado.

En la crisis de Tonga parece predecible, sin embargo, un final negociado de cariz político, antes que una sentencia judicial interpretativa de la constitución. La inmensa popularidad del rey entre la población desincentiva a los políticos para desafiarlo directamente. Aunque tampoco cabe esperar que la Corona lleve su pulso al gobierno hasta las últimas consecuencias.

Tonga disfruta del apoyo de algunos de sus más importantes vecinos como Nueva Zelanda, Australia, Francia o los propios Estados Unidos en áreas tales como defensa, infraestructuras, sanidad, conservación medioambiental, convenios educativos universitarios y un largo etcétera. Dudosamente estos países verán con buenos ojos que Tonga retrocediera democráticamente. Bastante cuestionada está la circunstancia de que 9 escaños de su pequeño parlamento (26 diputados) pertenezcan a la nobleza, como para transigir con un monarca gobernante, sin que se retiren ciertas formas de cooperación. 


Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Informe 
sobre la situación actual de los Hutíes

Asesoría Jurídica del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como fines ser una institución sin ánimo de lucro, no gubernamental, laica, plural, diversa, no-violenta, no sexista, independiente de credos, partidos y empresas, dedicada a la difusión de las ideas, los principios, los valores, así como la observancia de su cumplimiento, de los contenidos en la letra y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y textos concordantes.

Informe 
sobre la situación actual de los Hutíes

Asesoría Jurídica 
Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

Nº Referencia: IN07/2024

Por lo general, quien lucha en una guerra civil suele esperarse a la victoria, antes de labrarse nuevos enemigos allende de sus fronteras. Los rebeldes hutíes, sin embargo, han roto con esta prudente tradición. Todavía se encuentra muy lejos de gobernar todo Yemen, pero ya le han declarado la guerra a Israel. 

Si no fuera por las acciones de sus barcos en el Mar Rojo, uno pensaría que se trata de una bravuconada. La seriedad de la amenaza, por desgracia, ya la han padecido varios buques mercantes. Por ahora, sus ataques contra ciudades israelíes se han visto bloqueados por el llamado escudo antimisiles. No obstante, la posesión de misiles mar-tierra nos muestra que no se trata de rebeldes a la manera del estereotipo, o sea, guerrilleros apenas armados con metralletas que luchan en una guerra de guerrillas.

Muchos medios de comunicación hablan de los hutíes como “etnia” o “pueblo”. Ninguna de estas descripciones es correcta. Los Hutíes son un movimiento político militar que toma su nombre de su comandante fundador, Husein Badrudin al Huti, abatido en 2004 por el ejército yemení.

En su movimiento guerrillero rebelde, al Huti recogió muchos sentimientos nacionalistas del Yemen del Norte. Pero, sobre todo, creó un movimiento religioso ecléctico del que hacía las veces de líder espiritual. Los hutíes son uno de los pocos movimientos político-militares musulmanes radicales –y el único con relevancia– donde conviven suníes y chiíes, si bien estos últimos son mayoría. Como hemos mencionado mayoritariamente es un movimiento chií, concretamente siguen el zaidismo, una Escuela Teológica que representa a una cuarta parte de los chiíes del mundo. No es la misma que siguen los ayatolás, pero siguen compartiendo la fe chií con la República Islámica de Irán y con el grupo terrorista libanés Hezbolá, sus principales patrocinadores.

Como sabemos, uno de los grandes objetivos de Irán y Hezbolá es la destrucción de Israel. De ahí que, teniéndolos a ellos como aliados y financieros, los hutíes parezcan más interesados en intimidar a Israel y sus aliados en el Mar Rojo que en expandir su dominio hacia el sur y el este de Yemen. 

Si retrocediéramos en el tiempo, hasta mediados de los sesenta veríamos que el país se encontraba dividido en tres regiones, muy similares a las actuales. Lo cuál nos da una idea de cuán profundo se enraízan los orígenes del conflicto interno yemení.

Poco después de la Primera Guerra Mundial, con el Imperio Otomano expulsado de Arabia, se definieron las fronteras entre el Reino del Yemen que vendría a corresponderse con el territorio que hoy controlan los hutíes, respecto al Protectorado Británico de Adén, que abarcaba el resto del país. Pensemos que los ingleses también controlaban el Protectorado de Omán, los actuales Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Bahréin e Irak. Sin embargo, sus dominios yemeníes se revelaron más complejos de gestionar de lo esperado.

El protectorado de Adén acogía entidades de lo más diversas: dos ciudades Estado y cuatro sultanatos mal avenidos entre ellos. En 1962, los ingleses trataron de resolver el rompecabezas partiendo por la mitad su protectorado. En el territorio que hoy controla el Consejo Transicional del Sur se estableció el Protectorado de la Federación de Arabia del Sur. Su propósito era emular a los Emiratos Árabes en el otro extremo de la Península Arábiga. En paralelo se reorganizó el territorio restante del Protectorado de Adén, como el Protectorado de Arabia del Sur en 1963.

Ni una ni otra entidad vivieron demasiado. Las clases dirigentes, además opresivas y autoritarias, eran vistas por sus pueblos como traidores que se habían vendido a los ingleses. A diferencia de los otros dominios ingleses en la Península Arábiga, el nivel de vida de los yemeníes no experimentó mejoras sustanciales. Cuando por fin obtuvieron la independencia, en 1967, ambos protectorados se reunificaron en la República Popular de Yemen, único régimen marxista-leninista puro, que se ha visto el mundo árabe. Popularmente, se le conoció como Yemen del Sur, hasta su desaparición. 

Pese a que, como hemos dicho, las gentes estaban hartas de sus sultanes, para pueblos donde la fe islámica se encontraba tan arraigada, el advenimiento del comunismo trajo más problemas que soluciones. La prometida ayuda a soviética llegaba siempre tarde y en cuentagotas. Para colmo, los comunistas importaron su vieja tradición de rivalidades mortales a la zona.

En 1980, el Presidente, Fattah, fue forzado a dimitir por el Politburó y se exilió a Moscú. Su sucesor, Ali Nasir trató de reorientar el régimen hacia un socialismo árabe, al estilo del que Nasser había implantado en Egipto o, en su defecto, a la vía revolucionaria de Gadafi. Poco o ningún éxito encontraron sus proyectos de rehacer puentes con sus vecinos de Omán o Yemen del Norte.

En 1986, Fattah retornó al país para intentar recuperar el poder por la fuerza. Su golpe fallido arrastró al país a una guerra civil durante algo más de un mes. No por breve resultó menos sanguinaria. Más de 60.000 personas tuvieron que dejar sus hogares, entre ellas el propio Ali Nasir que se exilió, y unas 4.000 murieron en luchas urbanas. Fattah no recuperó el poder. Desapareció en el curso de la guerra. El ex mandatario fue declarado muerto y su lugarteniente Ali Salim asumió la Secretaría del Partido Socialista de Yemen. 

Con el desmoronamiento de la URSS, Arabia Saudí se sintió tentada a anexionarse Yemen del Sur. El propio Osama Bin Laden ofreció las milicias de Al Qaeda, cuya eficacia había quedado probada en la lucha contra los soviéticos en Afganistán, para instaurar un gobierno títere saudí. Pero el Director de los Servicios de Inteligencia de Arabia Saudita, el príncipe Turki bin Faisal, terminó imponiendo su postura, contraria a la intervención, en la corte de Al Riad. A su entender la operación presentaba demasiados riesgos y muy pocos beneficios.

En el norte las cosas no habían ido mejor. En 1962, la monarquía fue derrocada y se instauró la República Árabe de Yemen, o Yemen del Norte, cuyas tensiones étnicas, agravadas por la división entre monárquicos y republicanos, no tardaron en explotar. El primer Presidente, al Sallal, militar, tuvo que exiliarse a Egipto en 1967 por un golpe sangriento de al Irayani, un líder republicano que recelaba del acercamiento de Sallal al Egipto de Nasser. En su mandato empezaron las conversaciones para unificar todo Yemen.

En 1974, al Iryani le llegó el turno de exiliarse, en su caso a Siria, cuando los militares retomaron el poder. Los dos siguientes presidentes, al Hamdi (1974-1977) y al Gashmi (1977-1978), terminaron abruptamente su presidencia. Ambos fueron asesinados.

Meses después de la muerte de al Gashmi, tomó el poder un nuevo militar, Ali Abdullah Saleh quien no sólo retuvo, sino que en 1990 se convirtió en el primer Presidente de todo Yemen, con el ganador de la guerra civil de Yemen del Sur, Ali Salim, como su Vicepresidente.

Su régimen estuvo marcado por la represión y una corrupción sin límites. Si la unificación de Yemen es, en gran medida, el advenimiento de un Estado artificial, uno de tatos que nos ha dejado el colonialismo, sin duda, un gobierno así no contribuyó a formar el espíritu nacional. Cuando las protestas de la Primavera Árabe llevaron al colapso de su presidencia en febrero de 2012, las tensiones étnicas y las antiguas divisiones entre norte y sur reaparecieron rápido, o, como en el caso de los hutíes, se vieron vigorizados por la descomposición del poder estatal. 

Yemen y los ataques hutíes en el Mar Rojo nos muestran hasta qué punto la estrategia de la contención occidental fracasa. Desde la Primera Árabe, hace más de una década, la política exterior occidental se basa en encapsular los conflictos bélicos en una zona concreta, evitar su propagación y, sobre todo, prevenir la migración a Europa. Por supuesto es muy razonable tratar de evitar la expansión de las guerras, pero sin una intervención decisiva sobre el terreno, sin aportar estabilidad directamente a las sociedades de origen, más pronto o más tarde, el conflicto se desborda. .
 


Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Informe 
sobre el conflicto entre Etiopía y Somalilandia

Asesoría Jurídica del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como fines ser una institución sin ánimo de lucro, no gubernamental, laica, plural, diversa, no-violenta, no sexista, independiente de credos, partidos y empresas, dedicada a la difusión de las ideas, los principios, los valores, así como la observancia de su cumplimiento, de los contenidos en la letra y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y textos concordantes.

Informe 
sobre el conflicto entre Etiopía y Somalilandia

Asesoría Jurídica 
Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

Nº Referencia: IN06/2024

Etiopía a alterado el orden político internacional africano, al firmar un memorándum internacional con Somalilandia en que se compromete a reconocerla como un Estado independiente. A cambio, este Estado no reconocido le concederá derecho a usar sus puertos e incluso a ubicar una base militar en su territorio. Como era de esperar, este paso ha levantado ampollas en Mogadiscio, ya que el gobierno de Somalia considera a Somalilandia parte de su territorio.

Bien es verdad que, a diferencia de un tratado internacional, un memorándum propiamente no genera obligaciones jurídicas. En términos legales es una mera declaración política, pero eso no significa que carezca de valor, ni que lo prometido en su texto no vaya a cumplirse.

Puesto en perspectiva, este conflicto internacional mana de dos fuentes. El ferviente deseo etíope de recuperar su salida al mar, por una parte; y la condición Somalia como Estado fallido, por la otra.

En la Conferencia de Berlín (1875), las potencias europeas se repartieron África, respetando únicamente a dos países independientes: Liberia, bajo la protección de Estados Unidos y Etiopía, único Estado cristiano del continente negro. El antiguo Imperio Abisinio, nombre que usaba entonces Etiopía, quedó rodeado. El Imperio británico contaba entre sus dominios coloniales con Sudán, Kenia y la Somalia Británica, la actual Somalilandia, que se corresponde con la zona norte del país al oeste del Cuerno de África. El pequeño Yibuti quedó en manos francesas y el resto de Somalia y Eritrea se entregaron a Italia.

La primera aventura de los italianos para invadir Etiopía (1895-1896), poco preparada y falta de medios, terminó en fracaso. En 1935, Mussolini se cobró venganza invadiendo el país que quedó totalmente ocupado al año siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses liberaron el país y ocuparon las colonias italianas. Si bien, Roma recuperó Somalia después del conflicto, Eritrea fue entregada a Addis Abeba.

Entre mala y terrible, la relación entre etíopes y eritreos no tardó en adoptar sanguinarios tintes bélicos. Tras una dura y prolongada guerra, en 1993, Eritrea obtuvo su independencia formal de Etiopía.

Así se vio privada Etiopía de salida al mar, algo bastante traumático, para un país que en su memoria histórica conserva la hazaña de haber dominado no sólo la costa africana, sino Yemen (S. VI d.C.). Desde entonces, sus relaciones con la Eritrea no se han caracterizado, precisamente, por la fraternidad. Con Somalia, la vecindad histórica ha resultado aún más tensa. Además, como este país se halla hundido en una guerra civil sin fin, los etíopes han dependido de Yibuti para importar mercancías que les llegaban por vía marítima desde la secesión eritrea. 

Las relaciones de Etiopía con su otro vecino costero empeoraron bastante después de que el ejército somalí invadiese la provincia etíope Ogaden, en el oriente del país. Pese a que el gobierno dictatorial del general Siad Barre (1977-1978) sobrevivió a la estruendosa derrotan ante los etíopes, su país quedó herido de muerte.

La destitución formal de Barre no llegó hasta 1991. Para entonces Somalia ya no existía como Estado. Distintos señores de la guerra instalaron su dictadura personal en varias regiones y, a grandes rasgos, ahí siguen. Ni siquiera la intervención de Naciones Unidas ha traído estabilidad a un país cuyo gobierno apenas controla la capital.

Somalia surgió de la federación voluntaria entre las antiguas Somalia Británica e Italiana. De hecho, la colonia inglesa se independizó brevemente como Estado de Somalilandia el 26 de junio de 1960. Pocos días después, el 1 de junio, se produjo la unificación con Somalia

No estamos ante uno de tantos Estados con fronteras artificiales de los que nos ha dejado la colonización. En ambas colonias, los somalíes eran la etnia mayoritaria. El deseo popular de reunirse en un único país contaba con una fuerte adhesión popular. Pero tras el desmoronamiento político del Estado, esta tendencia se invirtió. 

Mientras la antigua Somalia italiana se disolvía en la pobreza extrema y conflictos armados, Somalilandia vigorizó sus instituciones. El mismo año que caía el dictador Berre, 1991, la región se proclamó como Estado independiente. 

Hasta ahora, ningún miembro de la ONU ha reconocido a Somalilandia como país. Sin embargo, dispone de instituciones propias, entre ellas un gobierno y un parlamento democráticamente elegidos, moneda propia, cámaras de comercio, una fuerza armada propia, acompañada por una policía y sistema judicial mayormente estables. Ningún señor de la guerra ha controlado ese territorio.

Esto nos lleva a una pregunta muy interesante para el Derecho Internacional Público: ¿Qué es un Estado? 

La Escuela Clásica sostenía que un Estado se compone de cinco elementos: población, territorio, forma de gobierno, soberanía y reconocimiento internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Escuela Contemporánea ha apostado por definir un Estado desde un punto de vista fáctico, es decir, sólo con los cuatro primeros elementos. 

No es que el reconocimiento no sea importante. En su ausencia, tus pasaportes u otros documentos de identidad no sirven para viajar por el mundo. No puedes firmar acuerdos con otros Estados, enviar o recibir diplomáticos ni ingresar en organizaciones internacionales, como la ONU o, para este caso, la Unión Africana. 

Si los académicos han optado por prescindir del reconocimiento como elemento constitutivo del Estado, en gran medida, se debe a la existencia de los Estados títeres. Casos como el de Manchukuo (1934-1945) o el Reino de Croacia (1940-1944) nos muestran entidades que, pese a gozar de reconocimiento por otros Estados, como iguales, en la práctica, eran provincias de otra potencia, en estos caso, Japón y Alemania. 

En contraste, vemos entidades como Taiwán o, la propia Somalilandia, que operan de manera totalmente soberana de puertas para adentro, a pesar de que la comunidad internacional las considera, respectivamente, parte de China y Somalia. Aúnan una población, un territorio definido y un gobierno dotado de poder propio.

Este razonamiento nos lanza otra pregunta: ¿hay entidades reconocidas como Estados que realmente no serían Estados? Pues sí, todos los llamados Estados fallidos, entre ellos, la propia Somalia.

Hoy Somalia no es una entidad soberana y, por tanto, aunque la reconozcamos como Estado, técnicamente, no puede decirse que lo sea. Como tal se la trata por cuestiones histórico-políticas. Aquí se produce la paradoja: Somalia que es incapaz de ejercer los poderes de un Estado dentro de sus fronteras sí disfruta de tratamiento estatal en la esfera internacional. Mientras, en Somalilandia ocurre exactamente lo contrario. 

Somalia ha pedido a la ONU y a la Unión Africana que condenen la actuación de Etiopía. Probablemente lo hagan, pero no irán más allá de la protesta diplomática.

La UE ha pedido a Addis Abeba que respete la “legalidad internacional”. En principio, parece que Bruselas aboga por la integridad territorial somalí, pero esta forma tan ladina de decirlo da qué pensar…

Después de todo, la mayor parte de Estados de la UE han reconocido a Kósovo y existe una resolución del Tribunal Internacional de Justicia que niega la incompatibilidad de la la declaración unilateral de independencia de este país balcánico con el Derecho Internacional. ¿Entonces qué significa “respetar la legalidad internacional”? Por no hablar de que la UE mantiene relaciones comerciales informales con Somalilandia, a través de sus políticas de cooperación. 

Todo a punta a que la separación fáctica de Somalilandia de Mogadiscio, poco a poco, irá adquiriendo oficialidad.
 


Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Informe 
sobre la Guayana y sus conflicos territoriales

Asesoría Jurídica del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como fines ser una institución sin ánimo de lucro, no gubernamental, laica, plural, diversa, no-violenta, no sexista, independiente de credos, partidos y empresas, dedicada a la difusión de las ideas, los principios, los valores, así como la observancia de su cumplimiento, de los contenidos en la letra y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y textos concordantes.

Informe 
sobre la Guayana y los conflictos territoriales

Asesoría Jurídica 
Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

Nº Referencia: IN05/2023

Cuando el pueblo venezolanos votó en referéndum si la región de Esequiba pertenece a su país o a la vecina República de la Guayana. La medida tendría sentido, claro, si Esequiba se encontrara en poder Caracas. El gobierno le estaría preguntando al pueblo si la retiene o se la entrega a su vecino. Lo surrealista aquí es que Esequiba es parte efectiva de la Guayana, un país con conflictos territoriales a este y oeste.

Nicolás Maduro no puede ejecutar el resultado de un referéndum que ha ganado por abrumadora mayoría. Su convocatoria hay que interpretarla en clave interna, el intento bastante desesperado de cohesionar a un país hundido en la miseria, contra el enemigo externo.

Tenemos la invasión de las Malvinas por Galtieri o el ataque de Idi Amin a Tanzania. No sólo salieron mal para ellos como gobernantes, sino que Argentina y Uganda pagaron un alto precio en vidas. El tiempo dirá… pero las fuerzas armadas venezolanas no están en condiciones de llevar a cabo una invasión, menos aún contra un país tan hermanado a Reino Unido y con tan importantes relaciones comerciales con los Estados Unidos.

Sobre el mapa, vemos que Esequiba representa más de la mitad del territorio de la Guayana. No obstante, su densidad poblacional es muy baja. De los algo más de ochocientos mil guáyanos, apenas doscientos mil viven en Esequiba. Selvática y montañosa, su orografía no acoge bien grandes núcleos urbanos, pero su riqueza en recursos materiales es altísima, tanto en minerales como en petróleo.

Aunque no únicamente de Venezuela recibe reclamaciones territoriales la Guayana. Su vecino occidental, Surinam, se autoproclama legítimo soberano de la región de Tigri, en el sur de Guayana. En el remotísimo supuesto de que el gobierno de Georgetown cediera a las reclamaciones de Surinam y Venezuela, Guayana se vería reducida a un tercio de su actual territorio.

La historia del Caribe meridional es bastante compleja. La llegada europea a la zona, por supuesto, la inauguran los españoles. Alrededor del S. XVII la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales empezó a navegar por la zona. Sin embargo, no fueron propiamente holandeses colonizaron esa región después de España, sino… lituanos.

Antes de perder su independencia, el Ducado de Curlandia, logró establecer un puñado de colonias en África y América, gracias a una alianza matrimonial entre una princesa del lugar y un Príncipe de Brandemburgo, a su vez accionista de la Compañía neerlandesa. Entre los asentamientos coloniales lituanos se encontraba en la isla de Tobago. Estos navegantes bálticos mapearon por primera vez la costa de Surinam y Guayana con exactitud. Tras su desaparición como Estado soberano, su efímero imperio colonial pasó a manos holandesas, cuyos marinos colonizaron la Guayana.

Durante el S XVIII se produjeron varios episodios convulsos en el Caribe. La presencia inglesa y francesa en sus archipiélagos se asentó para desesperación española que, sin embargo, fue capaz de repeler varios intentos de invasión inglesa en la costa venezolana y una tentativa sueca de asentarte en Tobago y la Guayana. Menos suerte tuvo evitando la consolidación de la Guayana holandesa –que abarcaría las actuales Guayana y Surinam– y la todavía es la Guayana francesa.

En 1796, la República Francesa invadió Holanda. Inglaterra aprovechó la coyuntura para ocupar la mayor parte de la Guayana holandesa, supuestamente, para protegerla de la invasión francesa. Sin duda, Napoleón quería expandirse por el Caribe, pero vaya, después de su derrota Londres no mostró demasiado interés en devolver la Guayana. Pese a las protestas holandesas, no les devolverían el control de su colonia hasta el Tratado Anglo-holandés de 1824. Vaya, técnicamente, les devolvieron la mitad de su colonia. Aquí aparecieron la Guayana Británica y la Guayana Holandesa, que, con el tiempo, se convertirían en las actuales Guayana y Surinam.

Mientras tanto, Venezuela había hecho suyas las demandas territoriales del Imperio español, sobre parte de lo que ahora dominio británico. En 1895 las tensiones escalaron entre ambos países. Venezuela trató de atraer el apoyo de lobistas estadounidenses, invocando la doctrina del Presidente Monroe “América para los americanos”.

Las presiones estadounidenses llevaron al Primer Ministro británico, Lord Salisbury, a firmar el Tratado de Washington (1897) con Venezuela. Según sus términos, ambos países aceptaban un arbitraje internacional, norteamericano vaya, a sus demandas. Para desconcierto de los venezolanos –y de los británicos– el laudo arbitral favoreció a Londres en casi todas sus pretensiones. Pese a que Caracas protestó enérgicamente contra el fallo, al final, lo acató y entre 1904 y 1905 una comisión diplomática de ambos países fijó la frontera.

Durante la descolonización, Venezuela denunció ante la ONU algunas irregularidades habidas en el arbitraje. El mismo año de la independencia de Guayana, 1966, Reino Unido sello un Acuerdo en Ginebra con Venezuela, a fin de fijar un marco de negociaciones sobre la delimitación fronteriza entre la futura Guayana independiente y Caracas.

En la práctica, no sirvió de mucho. Guayana demandó que, para renegociar las fronteras, Venezuela debía probar fehacientemente que el arbitraje merecía verse anulado por irregularidades. En una deficiente estrategia jurídico-diplomática, Caracas replicó que, una vez firmado el Acuerdo de Ginebra, lo que se abría era una negociación política sobre fronteras desvinculada del Arbitraje de 1899. Así, llegaron a un punto muerto.

En octubre de 1966, Venezuela ocupó militarmente la isla de Ankoko, en la desembocadura confluente de los ríos Cuyuni y Wenamu. Aunque sigue reteniendo la isla hasta la actualidad y ha establecido una base militar en su suelo, el gesto despertó mucha hostilidad en la comunidad internacional.

Cualquier simpatía en favor de Venezuela se evaporó dos años más tarde. Entonces tuvo lujar el alzamiento Rupununi. Este pueblo indígena había pedido al gobierno de Georgetown que reconociera su propiedad sobre sus tierras. Tras la negativa redonda de las autoridades de Guayana se lanzaron a la vía armada.

No existen evidencias de que Venezuela gestara el alzamiento. Ni siquiera es tan evidente como dicen algunos historiadores británicos que Caracas proporcionara las armas. Sin duda hubo algún grado de envolvimiento. Es más, Venezuela dio asilo y nacionalidad al líder de la rebelión. Hart y muchos de sus aliados, pero en última instancia se lavó las manos de la suerte de los Rapanui.

En 1969, los venezolanos eligieron a un nuevo Presidente, Caldera, que quería mantener vivo el espíritu diplomático del Acuerdo de Ginebra. En 1970, los gobiernos de Guayana y Venezuela firmaron en la capital de Trinidad y Tobago, el Protocolo de Puerto España. Pocos ejemplos hay tan claros en la historia de un patadón y palante. El protocolo posponía doce años cualquier nueva reivindicación o discusión sobre las fronteras entre ambos países.

Otro frente se abría para Guayana en Tigri, un área en el sur del país, que los holandeses mantenía que era suya, según el Tratado de 1824. Surinam no se independizaría de Países Bajos hasta 1975, así que la discusión era entre Guayana y Ámsterdam.

Para prevenir más discusiones y frustrado por la pérdida de Ankoko, Guayana decidió disparar primero esta vez. En 1969, sus tropas ocuparon el Tigri. Pese a las protestas holandesas sus militares no se retiraron.

Después de su éxito mediando entre Guayana y Venezuela, Trinidad y Tobago se volvió a ofrecer como sede para conversaciones diplomáticas. En 1971, las autoridades de Guayana y el gobierno autónomo de Surinam acordaron que ambas retirarían sus tropas de Tigri y buscarían un cauce diplomático para resolver el problema. Sin embargo, Guayana nunca cumplió su parte y mantiene la ocupación del Tigri.

Las protestas de Surinam, que alcanzó la plena independencia cuatro años después, no han servido de nada. Distinto ha sido el caso de Esequiba. En 1983 expiró el plazo dado por el Protocolo de Puerto España, con lo que Venezuela solicitó que abrieran negociaciones diplomáticas. Esto nunca ocurrió.

Durante la presidencia de Hugo Chávez, se redoblaron los esfuerzos diplomáticos para reclamar Esequiba. Muchos han comentado la coincidencia de este renovado fervor venezolano por Esequiba, poco después de que se descubrieran de grandes reservas de petróleo en su suelo. Sin duda contribuyó, aunque para ser justos con Caracas, este país lleva reivindicando ese territorio desde su independencia de España.

Ante la negativa de las partes a negociar, en 2017, el Secretario General de la ONU, António Guterrez, dijo que si ninguna de las partes se oponía, quería someter la cuestión al Tribunal Internacional de Justicia. Nadie se opuso, así que el Tribunal de La Haya empezó a estudiar el caso.

El pasado viernes 1 de diciembre, ante la inminencia del referéndum venezolano, el Tribunal Internacional emitió una resolución acordando medidas cautelares. No ha dado la razón definitiva a ninguna de las partes, sin embargo, insta a mantener el status quo, Guayana debe seguir administrando Esequiba y Venezuela Ankoko. Ninguna de las partes ha de tomar acciones políticas y aún menos militares para reclamar territorio. Deben esperar a la sentencia del tribunal.

Maduro sostiene que dejarlo en manos de juristas internacionales es clasista y antirrevolucionario. Quiere que sean las gentes de a pie quienes zanjen democráticamente el asunto. No hace falta decir que su referéndum sólo cuenta votos de venezolanos de a pie, no de guáyanos.


Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Informe 
sobre el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

Asesoría Jurídica del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como fines ser una institución sin ánimo de lucro, no gubernamental, laica, plural, diversa, no-violenta, no sexista, independiente de credos, partidos y empresas, dedicada a la difusión de las ideas, los principios, los valores, así como la observancia de su cumplimiento, de los contenidos en la letra y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y textos concordantes.

Informe 
sobre el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

Asesoría Jurídica 
Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

Nº Referencia: IN04/2023

Pese a coexistir en el tiempo con la guerra de Ucrania o la ofensiva israelí sobre Gaza, el trágico desenlace de la guerra de Nagorno Karavaj, la derrota de Armenia frente a Azerbaiyán, apenas despierta interés en los medios internacionales. Sin embargo, el Tribunal Internacional de Justicia aprobó unas históricas medidas cautelares para proteger a los armenios de la limpieza étnica.

El Tribunal Internacional de Justicia, el juzgado de la ONU, ostenta un poder muy limitado. De hecho, como principio, sus decisiones no son vinculantes. Los Estados se comprometen a cumplirlas bajo el principio de buena fe internacional.

Teóricamente, el Consejo de Seguridad de la ONU, su auténtico centro de poder, debería obligar al Estado a cumplir. Ya sabemos, sin embargo, que este organismo sólo adopta acuerdos cuando ninguno de sus cinco miembros permanentes, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, se opone de forma expresa. 

En el caso que nos ocupa es que el Tribunal Internacional sostiene que en este caso su decisión sí que es obligatoria. No es que la naturaleza de sus resoluciones haya mutado de la noche a la mañana. La cuestión es que en este caso se apoya en obligaciones contraídas por Azerbaiyán, como país firmante de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en vigor desde 1969.

Dado que la República Azerí se comprometió libremente a cumplir con lo dispuesto en este tratado internacional, el Tribunal Internacional de Justicia le recuerda ahora las obligaciones que ha contraído. En base a tales obligaciones, ha acordado una serie de medidas cautelares cuyo cumplimiento debe acreditar el gobierno de Bakú ante el Tribunal en las próximas semanas.

Antes de comentar esas medidas, debo rebajar los ánimos una vez más. Como los demás tribunales internacionales, el Tribunal Internacional de Justicia carece de medios o autoridad para ejecutar sus sentencias. Depende del sincero compromiso de los países que reconocen su autoridad, así como de la presión que estos estén dispuestos a ejercer sobre otro Estado.

Lo mismo ocurre con los tratados internacionales. Sí, teóricamente, al firmarlos el Estado se obliga a cumplirlos. Ahora bien, si decide romperlos quedará en manos de los demás países signatarios decidir cómo responden a esa infracción. Vamos que todo puede quedarse en nada. 

Azerbaiyán desea acercarse un poco más a occidente y rehacer puentes con Rusia. Como país exportador de gas y petróleo, le interesa mantenerse en buenos términos con la comunidad internacional y eso incluye evitar cualquier apariencia de complicidad con una limpieza étnica. O como mínimo, mostrar ciertas reticencias ante esta.

Aunque reciente, la entrada del Tribunal Internacional de Justicia en el conflicto entre armenios y azeríes se remontan dos años en el tiempo. El 16 de septiembre de 2021, Armenia demandó a la República de Azerbaiyán ante esta corte, precisamente por incumplimiento de la Convención de Internacional contra la Discriminación Racial.

Desde entonces, la imposibilidad rusa, ocupada con su invasión de Ucrania, para auxiliar a Armenia, el interés turco en reforzar a Azerbaiyán, país étnicamente hermano y la escasa vocación intervencionista de occidente, ha propiciado la desaparición de la autoproclamada República de Artsaj, un Estado armenio sin reconocimiento internacional de Nagorno Karabaj.

Después de dos décadas y media en conflicto, los azeríes han recuperado el control de Nagorno Karabaj. Aunque el gobierno de Bakú no dirige oficialmente ninguna operación de limpieza étnica, no se ha tomado muchas molestias que digamos para convencer a los armenios de la zona que están seguros. Paralelamente, se acumulan las evidencias que apuntan a actos de violencias, sino impulsados, sin duda tolerados, por las autoridades azeríes contra la los armenios.

Aunque el Tribunal Internacional de Justicia todavía no ha declarado a Azerbaiyán responsable de infligir la Convención contra la Discriminación Racial, aún no hay sentencia, ha decidido adoptar medidas cautelares en el caso, para proteger a los armenios.

Estas medidas cautelares son bastante sencillas:

Asegurar de que las personas que abandonaron Nagorno Karabaj después del 19 de septiembre y que deseen regresar al lugar pueda hacerlo en condiciones de seguridad.

Asegurar que las personas que permanecen en Nagorno Karabaj después del 19 de septiembre y que deseen abandonar el lugar puedan hacerlo en libertad y seguridad.

Asegurar que tantos las personas que permanecen como las que desean regresar a Nagorno Karabaj puedan hacerlo en paz y seguridad, sin ser perturbadas por la violencia.

El Tribunal no emplea a propósito la palabra “armenios”, pero es bastante evidente que se refiere a ellos. Si no, tampoco tendría sentido invocar la Convención contra la Discriminación Racial. En unos días, se espera que el Tribunal exija a Azerbaiyán pruebas de que está dando cumplimiento a estas medidas cautelares. Veremos si Bakú le contesta y si lo hace, aún tendremos que valorar si la predisposición de buena fe es sincera. 

 

Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Informe 
sobre el conflicto palestino israelí

Asesoría Jurídica del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

El Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos tiene como fines ser una institución sin ánimo de lucro, no gubernamental, laica, plural, diversa, no-violenta, no sexista, independiente de credos, partidos y empresas, dedicada a la difusión de las ideas, los principios, los valores, así como la observancia de su cumplimiento, de los contenidos en la letra y en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y textos concordantes.

Informe sobre el Conflicto Palestino - Israelí

Asesoría Jurídica 
Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos

Nº Referencia: IN03/2023

Contra la creencia más extendida, este conflicto no empieza después de la Segunda Guerra Mundial, con millones de supervivientes de “El Holocausto” desembarcando en Tierra Santa. ¿Cómo hubiesen resistido unos recién llegados hacinados en campamentos de refugiados una ofensiva árabe a los veinte y pocos meses de su llegada? Para ser justos, el sionismo nunca se ha incomodado demasiado con esta leyenda heroica, ni siquiera cuando se ha usado en su contra para presentar la fundación de Israel como una invasión que llegó casi de la noche a la mañana. Sin embargo, la presencia judía en Palestina era una realidad sólidamente asentada a finales de los años veinte.

La convicción de que con el fin de la religión se acabarán los perjuicios se ve drásticamente desmentida cuando ojeamos la historia del antisemitismo. Con el fin de las monarquías absolutas, en Europa se consolidó una política de tolerancia religiosa. En principio esto auguraba que el viejo odio a los judíos se perdiera como tantos malos hábitos del medievo. Nada más lejos. La humanidad apenas conoce dificultades para argumentar sus perjuicios: religión, ciencia, economía… Todo se puede manipular.

Las teorías pseudocientíficas sobre la raza tomaron el relevo al fanatismo religioso con vertiginosa velocidad. Episodios como ataques a la población judía, sobre todo en la Europa del este, o el famoso caso Dreyfus (1894) en que un teniente francés fue condenado por espionaje sin más pruebas que su etnia, inflamaron el proyecto sionista.

En paralelo, florecían teorías de la conspiración contra los judíos a quienes se les acusaba de ambicionar el dominio mundial. El primer gran exponente de esto se plasma en Los protocolos de los sabios de Sion (1902), una falsificación de la policía secreta rusa, que recogía este plan secreto de los judíos para hacerse con un gobierno mundial anticristiano.

Ante semejante panorama, muchos judíos empezaron a ver claro que necesitaban un Estado para vivir en paz y a salvo.

Inicialmente no estaba muy claro dónde había de ubicarse tal nación para los descendientes de Jacob. Por supuesto siempre estuvo en el imaginario sionista el regreso de Palestina. De allí los había expulsado el emperador Vespasiano en el año 70 d.C., después de una revuelta judía que terminó con la destrucción de Jerusalén y del Segundo Templo. ¿No sería prodigioso que tras casi dos mil años de la segunda diáspora retornaran a Tierra Santa? Para la rama más religiosa y tradicional del sionismo aquello los colocaría a la altura de figuras como el profeta Esdras y los judíos que tras la destrucción del Templo de Salomón (586 a.C.), el primer Templo, y la primera diáspora regresaron a Palestina (516 a.C.) desde su cautiverio en Babilonia.

Sin embargo, la mayoría del sionismo era más bien laico y estaban abiertos a soluciones mucho más pragmáticas. Aparece así el proyecto de comprar a Argentina una fracción de territorio poco poblado. Menos conocido, pero más cercano a realizarse estuvo el proyecto de que Israel se estableciera donde hoy está Albania o, al menos, parte de ella. Con su dominio sobre los Balcanes resquebrajándose, se pensó que el Imperio Otomano vería con buenos ojos ceder a los hebreos, en lugar de a los eslavos aquella provincia.

Después de la Primera Guerra Mundial estos proyectos dan un vuelco en favor del proyecto de restaurar Israel en Palestina. Hasta 1917-18, todo Oriente Medio había y la mayor parte de la Península Arábica se encontraban bajo control turco. Pese a compartir la misma religión que los árabes, estos siempre fueron ciudadanos de segunda en el Imperio Otomano, así que a los ingleses y los franceses les resultó bastante sencillo animar a una revuelta árabe contra Estambul.

La promesa de un gran reino árabe con capital en Damasco se vio defraudada por el Acuerdo Secreto Sykes-Picot, entre París y Londres. Acabada la guerra, Siria, Jordania y Líbano se convirtieron en protectorados franceses. Reino Unido incorporó Irak y Palestina a sus dominios que ya abarcaban en la zona Kuwait, Qatar, Omán, Egipto y Chipre. Cuesta poco imaginar hasta qué punto los árabes se sintieron traicionados.

Entonces en 1917, cayó como una bomba la Declaración de Balfour: el Imperio Británico se comprometió ante el mundo a crear en Palestina un nuevo “hogar nacional” para el pueblo judío.

Muchos sionistas vieron el cielo abierto. ¡El imperio colonial más poderoso del mundo se convertía de repente en su aliado! En el Antiguo Testamento se atribuye a la inspiración de Yahvé la decisión del emperador persa Ciro de permitir a los judíos regresar a su Tierra. ¿Se repetía la historia?

Los antisemitas también vieron el cielo abierto. La Declaración de Balfour fue impulsada por uno de los líderes más conocidos de la comunidad judía en el Reino Unido, el barón Rothschild, banquero y político conservador. A largo plazo esta circunstancia se ha utilizado para asegurar que Israel es un vástago de los millonarios judíos. La contabilidad sionista, perfectamente documentada, revela que los hebreos más acaudalados del mundo apenas invirtieron en el proyecto del regreso a Palestina, sino más bien fueron millones de pequeños donantes sobre todo judíos, pero también gentiles simpatizantes de la causa.

Las circunstancias no tardaron en dar la razón a los más escépticos, como el líder sionista internacional, Ben-Gurión. Las intenciones británicas no emanaban de una empatía sincera por el padecimiento histórico de los judíos. El texto de Balfour era calculadamente ambiguo. Crear un «hogar nacional» para los judíos no es lo mismo que crear un «Estado» hebreo.

Pese a la purga de Vespasiano, la presencia judía en Palestina nunca había desaparecido del todo. Hacia finales del siglo XIX, la migración ya se había incrementado ligeramente, sin que la población hebrea dejara, por ello, de ser una minoría de apenas el 5%. A mediados de la década de los treinta, el porcentaje rondaba el 30%.

El gobierno británico alentó la migración judía durante casi una década. Con la presencia judía en la zona pretendía prevenir cualquier conflicto entre autoridades coloniales y árabes en el protectorado de palestina. Para ser exactos, vieron en la instrumentalización del sionismo una oportunidad para sustituir un conflicto por otro de corte interno. Sin embargo, a principios de los años treinta esta política muere de éxito.

Las primeras olas de migración hebrea fueron bastante bien recibidas por los árabes. En especial, los terratenientes palestinos se encandilaron con aquellos simpáticos judíos a quienes vendían parcelas de tierra desértica a precios desorbitados. Por cierto, sin que las autoridades británicas hicieran nada por prevenir estos abusos comerciales contra la migración que ellos mismos promovían.

Mediante esa legendaria laboriosidad obstinada que se asocia a los judíos, aquellos eriales desangelados se convirtieron en granjas relativamente fértiles mediante técnicas de regadío y labranza modernas. Este es el origen histórico de los Kibutz o granjas comunitarias. Emplazamientos clave para el surgimiento del Estado de Israel, los trabajadores de los Kibutz cobraban el mismo sueldo, sin importar su antigüedad o cargo, los hijos se criaban en común y prácticamente todas las comidas se hacían en comedores comunales.

¿Por qué modificó su política el Imperio Británico? Como decimos porque tuvo demasiado éxito. La jugada prosionista no sólo irritó a los palestinos, sino al conjunto del mundo árabe que ya estaba bastante caldeado desde la puñalada de Sykes-Picot. Por si el riesgo de un alzamiento árabe no era poca cosa, a lo largo de los años treinta, el peligro de una nueva guerra mundial se ve cada vez más cercano. ¿Y si los árabes se aliaban con el otro bando?

A mediados de los años treinta Londres bloquea la llegada de más judíos a Palestina. Ni siquiera hará excepciones con los judíos alemanes, privados de su nacionalidad tras la aprobación de las Leyes de Nuremberg (1935), cuando los pogromos de la noche del 9 al 10 de noviembre, conocidos como la Noche de los Cristales Rotos (1938), dejaron claro cuán insegura era su situación en Alemania.

En la propia Palestina, los árabes empezaron a recelar de los Kibutz, cuyo número había aumentado demasiado para su gusto. Además, su concentración en una franja concreta del territorio parecía precipitar la división de un territorio que consideraban propio. Rápidamente, empezaron a registrarse episodios de violencia. Ante la pasividad de las fuerzas británicas, los judíos empiezan a adiestrarse militarmente, o, mejor dicho, paramilitarmente. Este no es sólo el origen de las fuerzas armadas de Israel, sino de la Brigada Judía (30.000 soldados) que lucharía con los ejércitos ingleses en la Segunda Guerra Mundial.

A finales de 1936, los británicos se ven obligados a dejar de mirar para otro lado. Sus tropas intervienen en Palestina para detener el conflicto entre etnias que ya merece describirse como una auténtica guerra civil. La paz impuesta por las bayonetas inglesas dejó mucho resentimiento en ambos bandos. Los judíos lamentaban que hubiesen tardado tanto en intervenir. Los árabes empezaban a ver a los ingleses y a los judíos como uno y lo mismo.

Ya con la Segunda Guerra Mundial en marcha, alrededor de 1940, se produce un alzamiento panarabista en Irak, Jordania, Siria y parte de palestina. Al frente del movimiento se encuentra Amin al-Husayni, el Muftí de Jerusalén. Este líder palestino fraguó la alianza, o, al menos, el intento, entre el panarabismo y los nazis. Los ejércitos coloniales británicos aplastaron su revuelta demasiado pronto y, poco después, forzaron la abdicación del Sah de Irán, también pro-alemán, en favor de su hijo, Reza Pahlevi, el último monarca de aquel país.

En gran medida, la alianza entre el panarabismo y los nazis fue accidental. Se resume en aquello del enemigo de mi enemigo… Sin embargo, Amin al-Husayni fue más allá. Visitó los campos de exterminio, trabó amistad con figuras como Eichmann y defendió públicamente el genocidio.

La influencia de Amin al-Husayni en el conflicto palestino-israelí no parece de entrada relevante. Pero a nivel psicológico merece un estudio profundo. Sus conexiones y simpatías con el nazismo propiciaron el decaimiento de la vocación de gran parte del sionismo por alcanzar un acuerdo con los árabes-palestinos que propiciara un nacimiento pacífico del Estado de Israel. En su lugar, se extendió el convencimiento de que sólo mediante la fuerza alcanzarían su objetivo.

Así, con la convicción de que palestinos e israelíes eran enemigos, ambas comunidades llegan a 1947. La Segunda Guerra Mundial ya ha acabado y los ingleses han elaborado un plan para dividir palestina en un estado judío y otro palestino. 

 

Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Informe sobre la Situación actual de Gabón

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Nº Referencia: IN02/2023

Gabón ha vivido su propio golpe de Estado. El parecido con lo ocurrido en Níger es, como poco, notable. En ambos casos, el principal agente golpista fue la Guardia Presidencial. En ambos países, el líder de este cuerpo militar ha terminado ocupando la presidencia. Pero no debemos ignorar las profundas diferencias que reducen el parecido a lo puramente superficial.

Gabón - Wikcionario, el diccionario libre

Con sus aciertos y errores, Bazoum alcanzó la presidencia nigerina en unas elecciones libres y democráticas. Además, se trata del primer Presidente nigerino democráticamente elegido que recoge el testigo a otro Presidente democráticamente elegido. El golpe de Tchiani ha devuelto Níger a un gobierno militar, aprovechando la frustración de un país que, tras décadas de expolio francés, ahora padece, como pocos, la crisis alimenticia derivada de la guerra en Ucrania. La cruel ironía es que Tchiani se echa en brazos del Kremlin como si no hubiera un mañana.

En Gabón las cosas son diferentes. El país adquirió su independencia de Francia en 1960. El Primer Ministro del protectorado francés, Léon M’Ba que había negociado la independencia se convirtió en Presidente.

El país imitó el modelo francés de la Quinta República. Convivían un Presidente, directamente elegido por el pueblo, y un Primer Ministro, si bien, el auténtico líder del gobierno era el primero. El poder legislativo quedaba confiado a la Asamblea Nacional. Apenas unos meses después de la independencia, en 1961, sin embargo, se aprobó una reforma constitucional que suprimió el puesto del Primer Ministro, imitando el presidencialismo puro, el estadounidense, donde Jefe de Estado y de gobierno son la misma personal.

No es que las cosas fueran perfectas, pero el país andaba más o menos bien. La democracia podría haberse consolidado, si el compromiso por respetarla se hubiese mantenido. Sin embargo, M’Ba empezó a ver peligrar su poder personal, ante el auge de la Unión Democrática y Social de Gabón, partido rival del suyo, el Bloque Democrático de Gabón.

En un primer momento se ofreció a integrar a miembros de la Unión Democrática en su gobierno. Estos aceptaron, pero sin renunciar a presentar un candidato propio en las siguientes presidenciales. Disgustado, M’Ba llevó entonces su presión más lejos, exigiendo a la Unión Democrática que se fusionara con su Bloque Democrático. En la práctica, esto implicaba convertir Gabón en un régimen de partido único.

Ante la negativa de la Unión Democrática y su pérdida de apoyo en el parlamento, M’Ba disolvió la Asamblea Nacional en enero de 1964. El 17 de febrero, el ejército, apoyado por la oposición, depuso a M’Ba.

Pero el Presidente estaba lejos de aceptar la derrota y pidió ayuda al general De Gaulle. El Presidente francés consideró que valía la pena echarle una mano a M’Ba, quien desde entonces quedaría en deuda con la antigua metrópolis colonial.

Apenas dos días después del golpe, el ejército francés intervino en Gabón. Mediante una exitosa operación relámpago, las tropas galas restablecieron a M’Ba en la presidencia. A partir de entonces, se comportaría como un dictador y malvendió los recursos petrolíferos y otras reservas naturales de su país a compañías francesas. Estas, por cierto, ahora ve amenazada la continuidad de sus operaciones en el país africano.

En 1967 sus problemas de salud cardiovascular obligaron a M’Ba a mudarse a París, donde falleció. Su vicepresidente, Omar Bongo, le sucedió en el cargo, preservando las líneas maestras del gobierno dictatorial ideado por M’Ba. En 1975, en un amago democrático, reabrió la oficina del Primer Ministro, volviendo al modelo constitucional francés. En la práctica, sus poderes como Presidente no disminuyeron lo más mínimo.

En 2009, el cáncer de intestino delgado llevó a Bongo a la tumba. Como su predecesor, la falta de instalaciones hospitalarias decentes le obligaron a morir en el extranjero. Concretamente en nuestra Barcelona, en la Clínica Quirón.

Según el reportaje de Le Monde, se herederos adquirieron una fortuna cercana a los 3.000 millones de euros, entre propiedades inmobiliarias y metálico. Por si hay alguna duda, no, su sueldo de Presidente no daba para tanto. Claro que no todo es dinero. A su hijo también le dejó la Jefatura del Estado.

Tras unos pocos meses en que la Presidenta del Senado de Gabón, Rose Francine Rogombé, ejerció de Presidenta interina, Alí Bongo ganó las siguientes elecciones presidenciales. Desde entonces, se mantuvo en el poder hasta la semana pasada, cuando la Guardia Presidencial lo derrocó, días después de unas elecciones a las que llamar “dudosas” es quedarse muy corto o pasarse de generoso.

El general Brice Oligui está ahora a cargo del nuevo gobierno, el Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones. ¿Su promesa? Convocar elecciones libres y honestas en el menor término posible. También quieren desembarazarse de la tutela francesa.

Por supuesto, no sería la primera vez que un líder militar derroca a un dictador, con grandes promesas democráticas de palabra, simplemente para ocupar su lugar e incluso empeorar su despotismo. No obstante, aún es pronto para juzgar a Oligui quien merece una oportunidad.

Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Informe sobre la Situación Actual de Níger

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Nº Referencia: IN01/2023

El 26 de julio, la propia Guardia Presidencial de Níger arrestó a su Presidente, Mohamed Bazoum. Con el Palacio Presidencial convertido repentinamente en una cárcel, el teniente coronel de las Fuerzas Áreas, Amadou Abdramane, dio la noticia al país y al mundo en un escueto comunicado televisado en Télé Sahel. Rodeado de otros oficiales del ejército, en apenas unos minutos anunció: la deposición del Presidente, la suspensión de las instituciones políticas y judiciales, la derogación de la constitución, el cierre de las fronteras y un toque de queda de las 10:00 de la noche a las 5:00 de la madrugada. Una Junta Militar, bautizada como Consejo Nacional para la Salvación de la Patria, asumía el poder. Cerraba el comunicado exigiendo a las naciones extranjeras que se abstuvieran de intervenir.

Al principio hubo dudas del rol que desempeñaba Amadou Abdramane. En ningún momento se había atribuido la condición de líder del golpe. Ni siquiera era de los militares con mayor graduación o más influentes dentro de las Fuerzas Armadas nigerinas. Por otro lado, en el comunicado tampoco había identificado a un líder. Hasta había omitido los nombres los integrantes de la Junta Militar.

El canal televisivo catarí, Al Jazeera, fue de los primeros en señalar al general Omar Tchiani, jefe de la Guardia Presidencial, como cerebro de la operación. Aún no habían pasado cuarentaiocho horas del golpe, cuando se publicó un segundo comunicado que confirmaba las fuentes de Al Jazeera. El general Tachiani asumía la presidencia del Consejo Nacional para la Salvación de la Patria. De facto, se convierte así en el Jefe de Estado de Níger.

Mientras tanto, en el país habían estallado protestas entre partidarios y detractores del golpe. El ministro de exteriores, Hassoumi Massaoudou, se proclamó «Presidente en funciones», ante la imposibilidad de contactar al Presidente depuesto o al Primer Ministro. Pretendía darle continuidad al gobierno legal y democrático, pero su intento no prospero y no obtuvo reconocimiento internacional.

A la Junta Militar las cosas no le van mucho mejor en ese ámbito. Ningún país los reconoce. El Secretario General de Naciones Unidas ha pedido la restitución del Presidente Bazoum. La UE, la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados Africanos del Oeste (conocida por sus siglas en inglés, ECOWAS) han seguido a la ONU. Además, han anunciado la cancelación de sus programas de ayuda directa o beneficios comerciales que concedían al país para facilitar su desarrollo, mientras no se restaure al gobierno democráticamente elegido.

ECOWAS convocará una reunión de urgencia para discutir la suspensión de Níger como miembro. Se uniría así a Burkina Faso, Guinea y Mali, tres países suspendidos del ECOWAS tras un golpe de Estado.

¿Por qué los golpistas tienen tanto apoyo popular? Muchos nigerinos culpan al gobierno y a Francia de la escasez agravada en los últimos meses. No es extraño ver a manifestantes enarbolar la bandera rusa. Se ha especulado con la posibilidad de que el Kremlin o el Grupo Wagner estén detrás. La presencia de mercenarios rusos en la zona está confirmada en la República Centroafricana, Sudán, Libia y Mali. Fuertes indicios sugieren que también operan en Guinea y Burkina Faso.


Aunque no podemos descartar algún vínculo, este más bien sería tenue. Diplomáticamente Rusia juega ahora a exhibirse como una alternativa a Francia y occidente en el África subsahariana. Y digo “juega”, porque, como un pavo real, su presencia es más una escenificación que una realidad sólida. Sí, puede proporcionar asistencia y algo de apoyo militar, pero no se encuentra en disposición de ofrecer inversiones o grandes sumas económicas, como China, EE.UU. o la propia UE.

La cumbre África-Rusia, celebrada en San Petersburgo, la semana pasada, no fue un fracaso, pero distó mucho del éxito. Los líderes africanos le dejaron claro al Kremlin que no quieren involucrarse en el conflicto con Ucrania, pero que se sienten chantajeados por el modo en que Rusia retiene el grano ucraniano. Cuando el Presidente ruso trató de dar un golpe de efecto anunciando la donación de 25.000 toneladas de grano, algunos de los asistentes le recordaron que ya han pagado por el grano ucraniano al país productor.

Los nigerinos carecen de simpatías concretas por Rusia, como tampoco las tienes los malienses, marfileños o centroafricanos, países donde también ha lucido la bandera rusa en manifestaciones populares. Para los ciudadanos de Níger, Rusia es sólo una alternativa abstracta, una oportunidad incierta. Además, se la percibe como enemiga de Francia, la potencia más odiada en el África subsahariana.

Nadie puede reprochar a los nigerinos buscar esperanza. A menudo se dice que Níger es el país más pobre del mundo. No es fácil decidir que ocupa ostenta ese triste récord, ya que las estadísticas lo miden de manera diferente. Además, no todos los países facilitan datos. Si atendemos al PIB, Jordania es el país más pobre del mundo y Estados Unidos el más rico. Sin embargo, la calidad de vida de los jordanos no siendo espectacular, desde luego no es de las peores del mundo. Por su parte, los estadounidenses no viven mejor que sus vecinos canadienses. Por no hablar que somalíes, afganos o libios no suelen participar en estas estadísticas.

Grosso modo, los países más pobres, o con peores condiciones de vida, serían: Afganistán, Corea del Norte, Burundi, Zambia, Chad y Níger. Tendríamos que añadir, claro, países como Yemen, Somalia, Libia o Siria, que viven inmersos en la guerra desde hace años.

Ergo sí, igual Níger no es el más pobre, pero sí es uno de los países más pobres del mundo. Pese a su riqueza en uranio, con que se han abastecido las centrales nucleares francesas y de otros países, el nivel de vida de su población se estanca en la miseria.

Desde su independencia de Francia en 1960, el país ha vivido cinco golpes de Estado exitosos incluyendo el actual. El 1999 terminó con el magnicidio del Presidente, Ibrahim Baré Maïnassara, quien, a su vez, había llegado al poder mediante un golpe militar contra su sucesor. A esto hemos de añadir, una docena de golpes fallidos, como el que se produjo en 2021, poco después de las últimas elecciones presidenciales.

De sus cinco presidentes electos, la mitad de Jefes de Estado que ha conocido este afligido país, únicamente uno, Mahmadou Issoufou (2011-2021) abandonó el poder al concluir tranquilamente sus mandatos. Precisamente, el Presidente Issoufou ha tratado, sin éxito, de abrir una mediación con los golpistas para que liberen a su sucesor, Bazoum, quien había ocupada varias carteras ministeriales en sus gobiernos la pasada década.

Si atendemos a los precedentes, lo más probable es que los golpistas se consoliden, al menos por un tiempo. Después volverán a convocar elecciones. Francia pierde al último gobierno simpatizante con París en la región, al menos, por un tiempo. Aunque nada ha de darse por sentado. La presión internacional, en especial de Nigeria y del ECOWAS, está mostrándose de lo más intensa. En cualquier caso, la peor parte de la llevarán los nigerinos que padecerán el peso de las sanciones internacionales.

Eduard Ariza Ugalde, Asesor Jurídico del Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Sra. Dña. Yanitza Guiraldo Restrepo

Consejera Consultiva - Asesoría Jurídica Internacional

Dr. D. Eduard Ariza Ugalde

Consejero Consultivo - Asesoría Jurídica

Sr. D. Guillermo Fernández Lao

Consejero Consultivo - Asesoría Jurídica

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